El Parlamento Europeo ha votado hoy una resolución no vinculante para incluir el aborto dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones.
Este texto pide enmendar el artículo 3 de la carta para incluir que “toda persona tiene derecho a la autonomía física y a un acceso libre, informado, pleno y universal a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, así como a todos los servicios sanitarios conexos, incluido el acceso a un aborto seguro y legal sin discriminación”.
Los socialistas, liberales e izquierda europea han votado a favor del texto mientras que los conservadores -grupo en el que se encuadra Vox- lo han hecho en contra. El Partido Popular Europeo ha votado dividido y la delegación española se ha pronunciado en contra del texto ya que según fuentes del grupo, “el aborto es una competencia de los Estados miembros donde cada Estado tiene diferentes planteamientos legislativos sobre este asunto. Por lo tanto, no se puede incorporar a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE”.
Durante la pasada presidencia francesa en el año 2022, el presidente del país, Emmanuel Macron, propuso incluir el aborto dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En el mes de marzo, Francia se convirtió en el primer país del mundo en blindar el aborto, después de que la Constitución del país fuera reformada para que la interrupción voluntaria del embarazo fuera recogida oficialmente como derecho en la Carta Magna.
Para incluir el aborto en la carta de derechos fundamentales se necesita la unanimidad de los países europeos, algo que parece prácticamente imposible de conseguir ya que hay países como Hungría y Malta con legislaciones restrictivas. Precisamente levantó gran polvareda la elección como presidenta de la Eurocámara de la eurodiputada maltesa del Partido Popular Roberta Metsola, conocida por sus posiciones contrarias a la interrupción del embarazo en consonancia con la normativa de su país. El anterior Ejecutivo de Ley y Justicia en Polonia también promulgó una legislación contraria al aborto, pero el nuevo gobierno del popular Donald Tusk ha prometido cambiarla. A pesar de esto, las discrepancias en el seno de la coalición no están haciendo fácil esta reforma. La Eurocámara también pide en sus resolución de Polonia y Malta deroguen sus leyes actuales.
Además, los eurodiputados condenan la negativa de los médicos en algunos Estos miembros a practica abortos, en algunos casos por instituciones médicas enteras, sobre la base de una cláusula de conciencia ya que creen que a veces la invocación de esta cláusula puede poner en peligro la vida o la salud de la paciente.
Además, este texto muestra su preocupación por el auge de los grupos anti aborto en el mundo y en la Unión Europea y solicita al Ejecutivo Comunitario a garantizar que estas asociaciones no reciban financiación de la Unión ya que, según los eurodiputados, trabajan contra los derechos de las mujeres, incluidos los derechos reproductivos.
A pesar de que las instituciones europeas no tienen poderes sobre este tema, la Eurocámara se ha pronunciado a favor del aborto en diversas ocasiones. Antes de que el tribunal Supremo de EEUU anulase el histórico fallo “Rose versus Wade” de 1973 que consagra el acceso al aborto sin restricciones durante el primer trimestre de gestación, el Parlamento Europeo votó a favor de “salvaguardar el aborto seguro y legal” en EEUU.
Además, en junio de 2021, la Eurocámara votó el denominado informe Matic, en referencia a su ponente, el socialdemócrata de origen croata, Pedrag Fred Matic, que considera el aborto como un “derecho humano”. En este texto se hace un llamamiento “a los Estados miembros a la hora de descriminalizar el aborto, así como a eliminar y combatir los obstáculos al aborto legal». Además, el texto invita a los «Estados miembros a revisar sus disposiciones sobre el aborto para que estén de acuerdo con los estándares de legalidad internacional y las mejores prácticas para asegurar que el aborto sea legal en la etapa temprana del embarazo y, cuando sea necesario, más allá de este periodo, si la salud de la persona embarazada o su vida está en peligro». Además recalca que «una prohibición total del aborto o una negativa a los cuidados del aborto son una forma de violencia de género».
Sobre la posibilidad de que los médicos ejerzan la libertad de conciencia y se nieguen a practicar abortos, el texto reconoce que «por razones personales, los médicos de manera individual puedan invocar esta cláusula de conciencia», pero subraya que ésta no debe «interferir en los derechos de los pacientes a la hora del pleno acceso a los servicios de salud» y hace un llamamiento a los Estados miembros «a tener en cuenta estas circunstancias en sus disposiciones geográficas de los servicios de salud».
