El pasado día 9 de abril, el Consejo de Administración de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, S.A. (Sitval), presidido por la consellera de Industria, Nuria Montes, aprobó el informe jurídico preceptivo para poder llevar a cabo la equiparación salarial de los trabajadores de las ITV. Este era uno de los grandes problemas que el Botànic dejó sin resolver tras realizar la reversión al sistema público de las ITV de la Comunitat Valenciana.
Pero no era el único. Tal y como explicaron ayer desde la propia Conselleria, con la reversión se perdieron unas 200 plazas de empleados cuya modalidad en el sistema privado era incompatible con la Administración pública. Dicha falta de plantilla está repercutiendo en el normal funcionamiento de las estaciones de ITV de la Comunitat, que muestran un colapso que impide coger turno en todo lo que resta del mes de mayo.
Desde Industria aseguraron ayer que, junto con la Conselleria de Hacienda, se está trabajando para resolver este problema lo antes posible para que las ITV recuperen su normal funcionamiento. Cabe recordar que cualquier empresa pública que quiera realizar contrataciones debe solicitar previamente un informe preceptivo a la Dirección General de Presupuestos, perteneciente a la Conselleria de Hacienda.
ITV de Riba-roja
Otro de los asuntos -y muy grave- que dejó sin solucionar el anterior Consell de la Generalitat fue la situación de la estación de ITV de Riba-roja, la tercera más grande de la Comunitat Valenciana y que atiende un tráfico de 100.000 vehículos anuales.
Esta estación se encuentra en unos terrenos que fueron vendidos por el Ayuntamiento a un empresario, sin que el anterior Gobierno valenciano llegara a un acuerdo con este sobre la situación del recinto. La actual Conselleria de Industria ha pactado un contrato de alquiler de tres años de dicho terrenos, prorrogable a otros dos, un tiempo en el que la Generalitat espera haber concluido la estación proyectada en Torrent, que deberá abserber el tráfico que hasta ahora se atendía en Riba-roja.
De hecho, la consellera de Industria e Innovación, en su condición de presidenta de Sitval, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, firmaron ayer un protocolo de intenciones para construir una nueva estación de ITV en este municipio.
El documento establece que el consistorio se compromete a tramitar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para poner a disposición de la empresa pública una parcela de terreno en la que Sitval construirá y pondrá en funcionamiento la nueva estación para la inspección técnica de vehículos.
Nuria Montes ha avanzado que «la nueva estación de ITV en Torrent será una realidad antes que acabe la presente legislatura y sustituirá la que hay en Riba-roja».
Montes añadió que con el contrato de arrendamiento firmado para los terrenos de Riba-roja «hemos ordenado unos de los desaguisados que nos dejó el Botànic ya que durante los primeros meses de 2023 no se había hecho nada para garantizar la continuidad del servicio» en esta zona.
El protocolo de intenciones que firmaron ayer Nuria Montes y Amparo Folgado señala que «tras distintas visitas y estudios realizados por los técnicos del servicio de Sitval, conjuntamente con los del Ayuntamiento de Torrent se considera idónea la parcela de propiedad municipal situada en la calle Paret Decantada nº13 del Sector 1 Mas del Jutge».
Dicha parcela, de 6.965,83 metros cuadrados, está ahora calificada como zona verde-jardín por lo que el Ayuntamiento de Torrent deberá tramitar una modificación del planeamiento que la haga compatible con el servicio público que pretende prestar Sitval.
La empresa pública, por su parte, considera que por su ubicación y características, el polígono industrial Mas del Jutge es un entorno óptimo para la construcción y puesta en marcha, en el corto plazo, de la estación de ITV.
Con el fin de asegurar la coordinación entre la empresa pública y el consistorio y velar por el correcto desarrollo del acuerdo, ambas partes nombrarán sendos responsables. Además, se comprometen a mantener la confidencialidad de la información que se suministren mutuamente.
El protocolo de intenciones tiene una duración de tres años, prorrogable de forma expresa por dos años más, y establece que se desarrollará mediante acuerdos específicos.
