La Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) ha supuesto un antes y un después en el control del ordenamiento urbanístico en la comunidad. En sólo un año aumentaron por más de cinco las actas de inspección que en el último año de Gobierno del PSOE; los expedientes de protección de la legalidad se multiplican por más de seis; y los expedientes sancionadores también se multiplicaron casi por seis. Un ejemplo de la operatividad de la Lista es el derribo de una vivienda efectuado en Barbate. La resistencia mediante barricadas de vecinos y familiares no impidió la ejecución.
Tal y como estaba previsto, en la mañana de ayer se procedió al derribo de una de las viviendas (parcela 46, del polígono 8) ubicadas en las proximidades de las Marismas del río Barbate sobre las que pesa expediente desde diciembre de 2022. La resistencia planteada por vecinos y familiares –en respuesta a las peticiones desesperadas de su propietaria– intentando impedir mediante la quema de neumáticos y colchones el acceso de la maquinaria pesada, no impidió que los efectivos de la Guardia Civil lograran abrirse paso hasta la parcela para hacer efectiva la orden de derribo.
Como era de esperar, se vivieron momentos de gran tensión. «¡No al derribo!», «¡Somos humanos!» o «¡Nos van a destrozar la vida!» son algunas de las frases que se escucharon de quienes, con su presencia, intentaron y mantuvieron la esperanza de que, finalmente, no se produjese el derribo.
Fruto de la quema de los colchones y neumáticos, hasta la zona se tuvo que desplazar una unidad de los Bomberos de Barbate para impedir que las llamas se propagasen por la vegetación del entorno.
Cabe recordar que, en la jornada del pasado lunes, Matilde García, propietaria de la vivienda derribada, realizó un llamamiento desesperado «al pueblo de Barbate» para que asistiese al lugar para impedir que el acto de demolición se llevase a cabo.
«Llevo cuatro meses acosada con cartas. Lo único que he hecho», apuntó, «es construir mi casa, gastarme todos mis ahorros». «Hice el muro», explicó, «no me lo pararon. Se esperaron a que hiciera la casa y cuando ya vieron que lo tenía todo gastado, empezaron a venirme las cartas de derribo», lamentó. «No he hecho un crimen», apuntaba, «lo único que he hecho ha sido construir una vivienda. No he hecho nada más. Lo único que quiero es vivir dignamente», manifestó.
Asimismo, Matilde García señaló que, actualmente, «no hay posibilidad de vivir dignamente en el pueblo», aludiendo al alto precio de la vivienda y sus condiciones.
«En estos cuatro meses», denunció, «hemos ido a reuniones con el alcalde. El alcalde nos tiene vendidos, no nos ayuda, nos ha tirado a la boca del lobo», dijo apuntando que «esto era terreno de Barbate» y que «tendría que haber actuado la Policía Local, empezar a multar, parar lo que estábamos haciendo».
La Junta de Andalucía ha manifestado que el derribo de esta vivienda, construida ilegalmente en suelo rústico dentro de la zona de influencia de las marismas de Barbate, en el paraje Ribera de la Oliva, responde a «criterios urgentes de seguridad, salubridad y medio ambiental, dada la existencia de fosas sépticas en gran parte de estas edificaciones ilegales» y a la proximidad a las marismas, al estar «a escasos 500 metros» de la ribera del mar. De modo que «todos los vertidos originados en estas edificaciones ilegales tendrían como destino los dominios públicos hidráulico y marítimo y el espacio protegido».
Asimismo, a través de la Consejería de Fomento, la Junta recordó que «construir ilegalmente en suelo rústico, además de una infracción territorial y urbanística, puede constituir un delito sobre la ordenación del territorio y urbanismo, castigado en el Código Penal». Dicha actuación se enmarca en el Protocolo de Colaboración firmado en 2021 por la Junta con los Ayuntamientos de Barbate, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera.
