El acuerdo fiscal alcanzado entre PSOE y ERC para Cataluña, cuyo contenido concreto no conocemos, está siento últimamente objeto de debate en cuanto a su nomenclatura, si bien ambos partidos se han puesto de acuerdo en que en modo alguno se trataría de un concierto como el existente en el País vasco, lo cual resulta obvio porque de ser así supondría un choque absoluto con lo establecido en nuestra Constitución; su art 2 y especialmente el artículo 138 garantizan la realización efectiva del principio de solidaridad velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y en concreto se expresa que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas «no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». Más que ante un concierto estamos ante un desconcierto. En cualquier caso, genera preocupación, puesto que lo que se decida afecta al resto de comunidades autónomas y a su financiación, así como a la solidaridad interterritorial. Pero esta preocupación se acrecienta cuando se trata de contextualizar este acuerdo, recordemos para conseguir la investidura de un presidente autonómico, dentro de lo que se denomina un proceso federalizante, y la pregunta es, ¿quién ha decidido que España en su conjunto quiere federalizarse? Y ello además sin una reforma constitucional explícita. Partamos de que la Constitución española define a España como un Estado «social y democrático de Derecho» organizado en un sistema autonómico, donde las comunidades autónomas tienen competencias y grados de autogobierno considerables, pero no es un modelo federal a pesar de su alta descentralización. No cabe duda de que cabe avanzar en el incremento de la Autonomía Regional con un paralelo refuerzo de los Mecanismos de Cooperación Interterritorial, para lo cual se debería fortalecer la Conferencia de presidentes o crear nuevas instituciones de cogobernanza, pero esto sigue sin ser un estado federal. La cuestión de a quién se ha consultado para iniciar un proceso de cambio en el modelo territorial es fundamental, puesto que, en una democracia representativa como la española, las decisiones sobre reformas profundas del Estado deberían surgir de un amplio consenso social y político, y en este caso la percepción es que este proceso está siendo impulsado por necesidades políticas inmediatas, más que por un verdadero mandato ciudadano. No ha habido debate constitucional alguno que permita afirmar que los españoles en su conjunto han decidido dar este paso. El proceso parece estar más impulsado por la necesidad de asegurar mayorías parlamentarias que por un consenso entre la ciudadanía. La idea de que España debería avanzar hacia un modelo federal puede ser considerada si su fin es mejorar la gestión territorial, resolver tensiones entre el gobierno central y las regiones, o adaptar mejor el Estado a la diversidad interna. Sin embargo, la manera en que este proceso está siendo propuesto y llevado a cabo sugiere que las razones políticas están jugando un papel determinante, puesto que ese avance hacia la federalización podría estar motivado más por la necesidad de mantener alianzas parlamentarias que por una convicción de que este es el mejor modelo para España, esto es, no estamos ante un proceso que responde al interés general, sino que viene condicionado por la coyuntura política. Avanzar hacia un modelo más federal sin una reforma constitucional y sin un mandato claro de la ciudadanía es más una maniobra política que una respuesta a las necesidades del país. La discusión debería abrirse a todos los ciudadanos y cualquier cambio de esta magnitud debería contar con un amplio consenso social y político para ser legítimo y sostenible, algo que hoy por hoy no se da, más bien todo lo contrario generando un gran desconcierto.
